¿Fruta fresca o congelada?

En el Congreso norteamericano se está dando un interesante debate. Como cada cinco años se revisa la Farm Bill, algo así como una ley agrícola que es la principal herramienta de política agroalimentaria de los gobiernos federales. Hoy se debe decidir si se entregarán productos congelados en el marco del programa que entrega frutas y verduras frescas a las escuelas básicas más pobres del país.
El Senado y la Cámara de Representantes se encuentran enfrentados. Mientras los senadores son partidarios de mantener los subsidios como hasta ahora, los integrantes de la Cámara de Representantes se la juegan por integrar dentro del stock de oferta a los vegetales congelados, enlatados y secos. Hasta ahora cerca de tres millones de menores norteamericanos reciben gratuitamente frutas y verduras frescas dentro de su plan alimenticio.
Los congresistas apoyados por American Frozen Food Institute (AFFI) señalan que si se permite la entrega de productos congelados, enlatados y secos que son visiblemente más económicos que los frescos, se podría aumentar la cobertura de esta ayuda. Asimismo, aseguran que se podría contar con todo tipo de frutas y verduras todo el año.
Del otro lado, los legisladores apoyados por United Fresh Produce Association apelan al contenido nutricional de los alimentos. Esto porque está científicamente probado que los vegetales frescos cuentan con mejor calidad micronutrientes como vitaminas y minerales. 
Es sabido que en el proceso de industrialización las frutas y verduras son sometidas a congelamiento y deshidratación que alteran el contenido calórico de los productos. Muchos no saben, por ejemplo, que las manzanas deshidratadas suelen contener concentraciones de azúcar y aditivos que permiten mantener el aspecto y sabor de su versión fresca. De todas formas, investigaciones han revelado que  las diferencias entre congelados y frescos han tendido a minimizarse.
Sólo como dato. El programa de entrega de vegetales gratuita a las escuelas tiene cerca de diez años. En el 2008, el Congreso destinó al  Departamento de Agricultura (USDA) 1,2 mil millones de dólares para cubrir este programa hasta el 2017, es decir, se calculó algo así como 240 millones por año.

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